PRINCIPIOS Y BASES DEL FUNCIONAMIENTO Y
ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Objetivo de la Administración Pública
Artículo 3º. La Administración Pública tendrá como objetivo de su organización y funcionamiento
hacer efectivos los principios, valores y normas consagrados en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y en especial, garantizar a todas las personas, el goce y ejercicio de los
derechos humanos.
Principio de legalidad
Artículo 4º. La Administración Pública se organiza y actúa de conformidad con el principio de
legalidad, por el cual la asignación, distribución y ejercicio de sus competencias se sujeta a lo
establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los actos
administrativos de carácter normativo dictados formal y previamente conforme a la ley, en garantía
y protección de las libertades públicas que consagra el régimen democrático, participativo y
protagónico.
Principio de la Administración
Pública al servicio de las personas
Artículo 5º. La Administración Pública está al servicio de las personas, y su actuación estará
dirigida a la atención de sus requerimientos y la satisfacción de sus necesidades, brindando especial
atención a las de carácter social.
La Administración Pública debe asegurar a todas las personas la efectividad de sus derechos cuando
se relacionen con ella. Además, tendrá entre sus objetivos la continua mejora de los
procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas que se dicten.
Garantías que debe ofrecer la
Administración Pública a las personas
Artículo 6º. La Administración Pública desarrollará su actividad y se organizará de manera que las
personas puedan:
1. Resolver sus asuntos, ser auxiliadas en la redacción formal de documentos administrativos, y
recibir información de su interés por cualquier medio escrito, oral, telefónico, electrónico e
informático;
2. Presentar reclamaciones sobre el funcionamiento de la Administración Pública;
3. Acceder fácilmente a información actualizada sobre el esquema de organización de los órganos
y entes de la Administración Pública, así como a guías informativas sobre los procedimientos
administrativos, servicios y prestaciones que ellos ofrecen.
Artículo 7º. Las personas en sus relaciones con la Administración Pública tendrán los siguientes
derechos:
1. Conocer, en cualquier momento, el estado de los procedimientos en los que tengan interés, y
obtener copias de documentos contenidos en los archivos que se lleven a tales efectos, siempre
y cuando no estén calificados como reservados o confidenciales de conformidad con la
normativa aplicable, a excepción de los jueces y las partes interesadas.
2. Conocer la identidad de las funcionarias o funcionarios al servicio de la Administración Pública
bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
3. Obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales,
así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban cursar en un
procedimiento.
4. Obtener copias certificadas de expedientes o documentos en los términos previstos en el
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y demás normativa aplicable.
5. Formular alegatos y presentar documentos en los procedimientos administrativos en los cuales
tengan interés, en los términos o lapsos previstos legalmente.
6. Presentar sólo los documentos exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se
trate.
7. Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las
disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan
realizar.
8. Acceder a los archivos y registros de la Administración Pública en los términos previstos en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás normativa aplicable.
9. Ser tratados con respeto y deferencia por las funcionarias y funcionarios, los cuales están
obligados a facilitar a las personas el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones.
10. Ejercer, a su elección y sin que fuere obligatorio el agotamiento de la vía administrativa, los
recursos administrativos o judiciales que fueren procedentes para la defensa de sus derechos e
intereses frente a las actuaciones u omisiones de la Administración Pública, de conformidad con
la ley, salvo el procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República.
11. Los demás que establezcan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.
Garantía de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela
Artículo 8º. Las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública están en la obligación de
cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública incurren en responsabilidad civil, penal,
administrativa o disciplinaria, según el caso, por los actos, hechos u omisiones que en el ejercicio de
sus funciones violen o menoscaben los derechos garantizados en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y la ley, sin que les sirva de excusa órdenes superiores.
Garantía del derecho a petición
Artículo 9º. Las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública tienen la obligación de
recibir y atender, sin excepción, las peticiones o solicitudes que les formulen las personas, por
cualquier medio escrito, oral, telefónico, electrónico o informático; así como de responder oportuna
y adecuadamente tales solicitudes, independientemente del derecho que tienen las personas de
ejercer los recursos administrativos o judiciales correspondientes, de conformidad con la ley.
En caso de que una funcionaria o funcionario público se abstenga de recibir las peticiones o
solicitudes de las personas, o no de adecuada y oportuna respuesta a las mismas, serán
sancionados de conformidad con la ley.
Principios que rigen la actividad
de la Administración Pública
Artículo 10. La actividad de la Administración Pública se desarrollará con base en los principios de
economía, celeridad, simplicidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, proporcionalidad,
oportunidad, objetividad, imparcialidad, participación, honestidad, accesibilidad, uniformidad,
modernidad, transparencia, buena fe, paralelismo de la forma y responsabilidad en el ejercicio de la
misma, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, y con supresión de las formalidades no
esenciales. La simplificación de los trámites administrativos, así como la supresión de los que
fueren innecesarios será tarea permanente de los órganos y entes de la Administración Pública, de
conformidad con los principios y normas que establezca la ley correspondiente.
Mecanismos tecnológicos
Artículo 11. Los órganos y entes de la Administración Pública deberán utilizar las tecnologías que
desarrolle la ciencia, tales como los medios electrónicos o informáticos y telemáticos, para su
organización, funcionamiento y relación con las personas. Cada órgano y ente de la Administración
Pública deberá establecer y mantener una página en Internet, que contendrá entre otra, la
información que se considere relevante, los datos correspondientes a su misión, organización,
procedimiento, normativa que lo regula, servicios que presta, documentos de interés para las
personas, ubicación de sus dependencias e información de contactos.
Principio de publicidad normativa
Artículo 12. Los reglamentos, resoluciones y demás actos administrativos de carácter general
dictados por los órganos y entes de la Administración Pública deberán ser publicados sin excepción
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o, según el caso, en el medio de
publicación oficial correspondiente.
Principio de responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública
Artículo 13. La Administración Pública será responsable ante las personas por la gestión de sus
respectivos órganos, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
la ley, sin perjuicio de la responsabilidad de cualquier índole que corresponda a las funcionarias o
funcionarios por su actuación.
La Administración Pública responderá patrimonialmente por los daños que sufran las personas en
cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable a su funcionamiento.
Principio de rendición de cuentas
Artículo 14. Las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública deberán rendir cuentas de
los cargos que desempeñen, en los términos y condiciones que determine la ley.
Ejercicio de la potestad organizativa
Artículo 15. Los órganos, entes y misiones de la Administración Pública se crean, modifican y
suprimen por los titulares de la potestad organizativa, conforme a lo establecido en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. En el ejercicio de sus funciones, los mismos
deberán sujetarse a los lineamientos dictados conforme a la planificación centralizada.
Se entiende como órganos, las unidades administrativas de la República, de los estados, de los
distritos metropolitanos y de los municipios a los que se les atribuyan funciones que tengan efectos
jurídicos, o cuya actuación tenga carácter regulatorio.
Tendrá el carácter de ente toda organización administrativa descentralizada funcionalmente con
personalidad jurídica propia; sujeta al control, evaluación y seguimiento de sus actuaciones por
parte de sus órganos rectores, de adscripción y de la Comisión Central de Planificación.
Las misiones son aquellas creadas con la finalidad de satisfacer las necesidades fundamentales y
urgentes de la población.
Requisitos para la creación y
modificación de órganos y entes
Artículo 16. La creación de órganos y entes administrativos se sujetará a los siguientes requisitos:
1. Indicación expresa de su objeto y competencias.
2. Determinación de su forma organizativa, su ubicación en la estructura de la Administración
Pública y su adscripción funcional y administrativa.
3. Previsión de las partidas y asignaciones presupuestarias necesarias para su organización,
funcionamiento o reformas organizativas.
La modificación, supresión y liquidación de órganos y entes administrativos se adoptará mediante
actos que gocen de rango normativo igual o superior al de aquellos que determinaron su creación o
última modificación.
No podrán crearse nuevos órganos o entes que supongan duplicación de las competencias de otros
ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de éstos.
Principio de Responsabilidad Fiscal
Artículo 17. No podrán crearse nuevos órganos o entes en la Administración Pública que impliquen
un aumento en el gasto recurrente de la República, los estados, los distritos metropolitanos o de los
municipios, sin que se creen o prevean fuentes de ingresos ordinarios de igual o mayor magnitud a
las necesarias para permitir su funcionamiento.
Principio de control de gestión
Artículo 18. El funcionamiento de los órganos y entes de la Administración Pública se sujetará a las
políticas, estrategias, metas y objetivos que se establezcan en los respectivos planes estratégicos,
compromisos de gestión y lineamientos dictados conforme a la planificación centralizada.
Igualmente, comprenderá el seguimiento de las actividades, así como la evaluación y control del
desempeño institucional y de los resultados alcanzados.
Principio de eficacia
Artículo 19. La actividad de los órganos y entes de la Administración Pública perseguirá el
cumplimiento eficaz de los objetivos y metas fijados en las normas, planes y compromisos de
gestión, bajo la orientación de las políticas y estrategias establecidas por la Presidenta o Presidente
de la República, la Comisión Central de Planificación, la Gobernadora o Gobernador, la Alcaldesa o
Alcalde, según fuere el caso.
La actividad de las unidades administrativas sustantivas de los órganos y entes de la Administración
Pública se corresponderá y ajustará a su misión, y la actividad desarrollada por las unidades
administrativas de apoyo técnico y logístico se adaptará a la de aquellas.
Principio de eficiencia en la asignación
y utilización de los recursos públicos
Artículo 20. La asignación de recursos a los órganos, entes de la Administración Pública y demás
formas de organización que utilicen recursos públicos, se ajustará estrictamente a los
requerimientos de su organización y funcionamiento para el logro de sus metas y objetivos, con uso
racional de los recursos humanos, materiales y financieros.
En los casos en que las actividades de los órganos y entes de la Administración Pública, en ejercicio
de potestades públicas que por su naturaleza lo permitan, fueren más económicas y eficientes
mediante la gestión de los Consejos Comunales y demás formas de organización comunitaria o del
sector privado, dichas actividades podrán ser transferidas a éstos, de conformidad con la ley,
reservándose la Administración Pública la supervisión, evaluación y control del desempeño y de los
resultados de la gestión transferida.
Los órganos y entes de la Administración Pública procurarán que sus unidades de apoyo
administrativo no consuman un porcentaje del presupuesto destinado al sector correspondiente
mayor que el estrictamente necesario. A tales fines, los titulares de la potestad organizativa de los
órganos y entes de la Administración Pública, previo estudio económico y con base en los índices
que fueren más eficaces de acuerdo al sector correspondiente, determinarán los porcentajes
máximos de gasto permitido en unidades de apoyo administrativo.
Principio de suficiencia, racionalidad
y adecuación de los medios a los fines institucionales
Artículo 21. La dimensión y estructura organizativa de los órganos y entes de la Administración
Pública serán proporcionales y consistentes con los fines y propósitos que les han sido asignados.
Las formas organizativas que adopte la Administración Pública serán suficientes para el
cumplimiento de sus metas y objetivos y propenderán a la utilización racional de los recursos
públicos.
Excepcionalmente, y sólo en el caso que se requiera la contratación de determinados profesionales
especialistas para actividades eventuales y transitorias, los órganos y entes de la Administración
Pública podrán incorporar asesores cuya remuneración se establecerá por vía contractual con base
en honorarios profesionales u otras modalidades fijadas de conformidad con la ley.
Principio de simplicidad, transparencia
y cercanía organizativa a las personas
Artículo 22. La organización de la Administración Pública procurará la simplicidad institucional y la
transparencia en su estructura organizativa, asignación de competencias, adscripciones
administrativas y relaciones interorgánicas. La estructura organizativa preverá la comprensión, acceso, cercanía y participación de las personas
de manera que les permitan resolver sus asuntos, ser auxiliados y recibir la información que
requieran por cualquier medio.
Principio de coordinación
Artículo 23. Las actividades que desarrollen los órganos y entes de la Administración Pública
deberán efectuarse de manera coordinada, y estar orientadas al logro de los fines y objetivos del
Estado, con base en los lineamientos dictados conforme a la planificación centralizada.
Principio de cooperación
Artículo 24. Los órganos y entes de la Administración Pública colaborarán entre sí y con las otras
ramas de los poderes públicos en la realización de los fines del Estado.
Principio de lealtad institucional
Artículo 25. Los órganos y entes de la Administración Pública actúan y se relacionan de acuerdo
con el principio de lealtad institucional y, en consecuencia, deberán:
1. Respetar el ejercicio legítimo de las respectivas competencias.
2. Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos
implicados.
3. Facilitar la información que le sea solicitada sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de
sus competencias.
4. Prestar la cooperación y asistencia activa que pudieren serles requeridas en el ámbito de sus
competencias.
Principio de la competencia
Artículo 26. Toda competencia atribuida a los órganos y entes de la Administración Pública será de
obligatorio cumplimiento y ejercida bajo las condiciones, limites y procedimientos establecidos; será
irrenunciable, indelegable, improrrogable y no podrá ser relajada por convención alguna, salvo los
casos expresamente previstos en las leyes y demás actos normativos.
Toda actividad realizada por un órgano o ente manifiestamente incompetente, o usurpada por quien
carece de autoridad pública, es nula y sus efectos se tendrán por inexistentes. Quienes dicten
dichos actos, serán responsables conforme a la ley, sin que les sirva de excusa órdenes superiores.
Asignación de competencias
a la administración sin determinación orgánica
Artículo 27. En el caso que una disposición legal o administrativa otorgue una competencia a la
Administración Pública, sin especificar el órgano o ente que debe ejercerla, se entenderá que
corresponde al órgano o ente con competencia en razón de la materia.
En el caso que una disposición legal o administrativa otorgue una competencia a un órgano o ente
de la Administración Pública sin determinar la unidad administrativa competente, se entenderá que
su ejercicio corresponde a la unidad administrativa con competencia por razón de la materia y el
territorio.
Principio de jerarquía
Artículo 28. Los órganos y entes de la Administración Pública estarán internamente ordenados de
manera jerárquica y relacionados de conformidad con la distribución vertical de atribuciones en
niveles organizativos. Los órganos de inferior jerarquía estarán sometidos a la dirección,
supervisión, evaluación y control de los órganos superiores de la Administración Pública con
competencia en la materia respectiva.
El incumplimiento por parte de un órgano inferior de las órdenes e instrucciones de su superior
jerárquico inmediato obliga a la intervención de éste y acarrea la responsabilidad de las funcionarias
o funcionarios a quienes sea imputable dicho incumplimiento, salvo lo dispuesto en el artículo 8º del
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Principio de descentralización funcional
Artículo 29. Los titulares de la potestad organizativa podrán crear entes descentralizados
funcionalmente cuando el mejor cumplimiento de los fines del Estado así lo requiera, en los
términos y condiciones previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y demás normativa aplicable. Los
entes descentralizados funcionalmente serán de dos tipos:
1. Entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho privado: estarán conformados por
las personas jurídicas constituidas de acuerdo a las normas del derecho privado y podrán
adoptar o no la forma empresarial de acuerdo a los fines y objetivos para los cuales fueron
creados y en atención a si la fuente fundamental de sus recursos proviene de su propia
actividad o de los aportes públicos, respectivamente.
2. Entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho público: estarán conformados por
aquellas personas jurídicas creadas y regidas por normas de derecho público y que podrán
tener atribuido el ejercicio de potestades públicas.
La descentralización funcional sólo podrá revertirse por medio de la modificación del acto que le dio
origen.
Principio de descentralización territorial
Artículo 30. La Administración Pública Nacional, con el propósito de incrementar la eficiencia y
eficacia de su gestión, podrá descentralizar competencias y servicios públicos en los estados,
distritos metropolitanos y municipios, de conformidad con la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y la ley.
Así mismo, los estados podrán descentralizar competencias y servicios públicos, en los distritos
metropolitanos y los municipios.
Principio de desconcentración funcional y territorial
Artículo 31. La Administración Pública, con el objetivo de acercarse a las personas y mejorar el
servicio prestado, podrá adaptar su organización a determinadas condiciones de especialidad
funcional y de particularidad territorial, transfiriendo atribuciones de sus órganos superiores a sus
órganos inferiores, mediante acto administrativo dictado de conformidad con el presente Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
La desconcentración de atribuciones sólo podrá revertirse mediante la modificación o derogación del
instrumento jurídico que le dio origen.
Consecuencia de la descentralización
y desconcentración funcional y territorial
Artículo 32. La descentralización funcional o territorial transfiere la titularidad de la competencia y,
en consecuencia, transfiere cualquier responsabilidad que se produzca por el ejercicio de la
competencia o de la gestión del servicio público correspondiente, en la persona jurídica y en las
funcionarias o funcionarios del ente descentralizado.
La desconcentración, funcional o territorial, transfiere únicamente la atribución. La persona jurídica
en cuyo nombre actúe el órgano desconcentrado será responsable patrimonialmente por el ejercicio
de la atribución o el funcionamiento del servicio público correspondiente, manteniendo la
responsabilidad que corresponda a las funcionarias y funcionarios que integren el órgano
desconcentrado y se encuentren encargados de la ejecución de la competencia o de la gestión del
servicio público correspondiente.
La ministra o ministro respectivo, previa delegación de la ley o del instrumento de creación de los
respectivos entes descentralizados funcionalmente que le estén adscritos, podrá atribuir o delegar
competencias y atribuciones a los referidos entes, regulando su organización y funcionamiento en
coordinación con los lineamientos de la planificación centralizada.
La delegación intersubjetiva
Artículo 33. La Administración Pública, podrá delegar las competencias que le estén otorgadas por
ley a sus respectivos entes descentralizados funcionalmente, de conformidad con los lineamientos
de la planificación centralizada, y de acuerdo con las formalidades del presente Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
Delegación interorgánica
Artículo 34. La Presidenta o Presidente de la República, la Vicepresidenta Ejecutiva o
Vicepresidente Ejecutivo, las ministras o ministros, las viceministras o viceministros, las
gobernadoras o gobernadores, las alcaldesas o alcaldes y los superiores jerárquicos de los órganos
y entes de la Administración Pública, así como las demás funcionarias o funcionarios superiores de
dirección podrán delegar las atribuciones que les estén otorgadas por ley, a los órganos o
funcionarias o funcionarios bajo su dependencia, así como la firma de documentos en funcionarias o
funcionarios adscritas a los mismos, de conformidad con las formalidades que determine el presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
Limitación a las delegaciones
intersubjetivas e interorgánicas
Artículo 35. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela o en leyes especiales, la delegación intersubjetiva o interorgánica no procederá en los
siguientes casos:
1. Cuando se trate de la adopción de disposiciones de carácter normativo.
2. Cuando se trate de la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado
los actos objeto de recurso.
3. Cuando se trate de competencias o atribuciones ejercidas por delegación.
4. En aquellas materias que así se determine por norma con rango de ley.
Los actos administrativos que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia
y se considerarán dictados por el órgano delegante.
La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.
Las delegaciones y su revocatoria deberán publicarse en la Gaceta Oficial correspondiente.
Consecuencia de la delegación intersubjetiva
Artículo 36. La delegación intersubjetiva, en los términos establecidos por el presente Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, transfiere la responsabilidad por su ejercicio al ente
delegado. Las funcionarias o funcionarios del ente delegado encargados del ejercicio de la
competencia, serán responsables personalmente por su ejecución.
Consecuencia de la delegación interorgánica
Artículo 37. Las funcionarias o funcionarios del órgano al cual se haya delegado una atribución
serán responsables por su ejecución.
Los actos administrativos derivados del ejercicio de las atribuciones delegadas, a los efectos de los
recursos correspondientes se tendrán como dictados por la autoridad delegante.
Encomienda de gestión
Artículo 38. La Administración Pública podrá encomendar temporalmente la realización de
actividades de carácter material o técnico de determinadas competencias a sus respectivos entes
descentralizados funcionalmente, por razones de eficacia o cuando no posea los medios técnicos
para su desempeño, de conformidad con las formalidades establecidas en el presente Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos
sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano encomendante dictar resoluciones
que le den soporte o en las que se identifique la concreta actividad material objeto de encomienda.
Encomienda convenida
Artículo 39. Cuando la encomienda se establezca entre órganos de distintos niveles territoriales de
la Administración Pública o entre entes públicos, se adoptará mediante convenio, cuya eficacia
quedará supeditada a su publicación en la Gaceta Oficial correspondiente.
Requisitos formales de la
delegación y encomienda
Artículo 40. El acto contentivo de la delegación intersubjetiva, interorgánica, y de la encomienda
será motivado, identificará los órganos o entes entre los que se transfiera el ejercicio de la
atribución o competencia y determinará la fecha de inicio de su vigencia, y de culminación cuando
fuere el caso.
En los casos en que no se determine la fecha de inicio de su vigencia, se entenderá que ésta
comienza desde su publicación en la Gaceta Oficial correspondiente.
Avocación
Artículo 41. La Presidenta o Presidente de la República, la Vicepresidenta Ejecutiva o
Vicepresidente Ejecutivo, las ministras o ministros, las viceministras o viceministros, las
gobernadoras o gobernadores, las alcaldesas o alcaldes y los superiores jerárquicos de los órganos
y entes de la Administración Pública, así como las demás funcionarias o funcionarios superiores de
dirección, podrán avocarse al conocimiento, sustanciación o decisión de un asunto cuya atribución
corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos jerárquicamente subordinados, cuando
razones técnicas, económicas, sociales, jurídicas o de interés público lo hagan necesario. La
avocación se realizará mediante acto motivado que deberá ser notificado a los interesados.
Instrucciones, órdenes y circulares
Artículo 42. Los órganos y entes de la Administración Pública dirigirán las actividades de sus
órganos jerárquicamente subordinados mediante instrucciones, órdenes y circulares.
Cuando una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de los
destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones, órdenes y circulares se
publicarán en la Gaceta Oficial que corresponda.
En todo caso se establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la difusión de su contenido
y su accesibilidad a las interesadas o interesados.
Solución de los conflictos de atribuciones
Artículo 43. Cuando el órgano que esté conociendo de un asunto se considere incompetente
deberá remitir las actuaciones al órgano que estime con competencia en la materia, si éste se
considera a su vez incompetente; o si ambos se consideran competentes, el asunto será resuelto
por el órgano superior jerárquico común.
Los conflictos a que se refiere el presente artículo sólo podrán suscitarse entre unidades
administrativas integrantes del mismo órgano o ente y con respecto a asuntos sobre los cuales no
haya recaído decisión administrativa definitiva o finalizado el procedimiento administrativo.
En efecto, siendo el Estado venezolano un “Estado federal descentralizado”
en los términos formales establecidos en el articulo 4º de la
Constitución, el mismo está básicamente conformado por el conjunto
de personas jurídicas político-territoriales que son: la República, los
Estados, los Municipios y las otras personas jurídicas estatales producto
de la descentralización política y funcional. El Estado, por ello, se
insiste, no es una persona jurídica en el ámbito interno, sino que en el
sistema constitucional lo que existen son muchas personas jurídicas
que actualizan su voluntad, que son las personas jurídicas estatales.
